¡CRECE LA INDIGNACIÓN EN JUXTLAHUACA!
*”Más de 40 familias denuncian incertidumbre por conflictos de tierras, responsabilizan a Rogelio Agustín Chávez Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Juxtlahuaca, Jorge Alfonso Evangelista Sierra, Secretario y Laura López Agustín Tesorero y los denuncian como los responsables de invadir, quitar tierras y bloquear caminos cobrando multas para sus beneficios personales y no en favor del nucleo agrario, habitantes señalan la paralización de obras carreteras que impulsarían el desarrollo de la región. La exigencia es una sola: que las autoridades intervengan y garanticen legalidad, justicia y progreso para Juxtlahuaca.”
Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.- La indignación ciudadana continúa creciendo en Santiago Juxtlahuaca ante una serie de conflictos que mantienen preocupadas a decenas de familias y comunidades de la región. Habitantes del Barrio San Florencio y otras zonas han denunciado públicamente presuntos actos de hostigamiento, conflictos relacionados con la posesión de tierras y acciones que estarían afectando el desarrollo de obras de infraestructura consideradas fundamentales para el progreso de la población.
De acuerdo con los denunciantes, más de 40 familias del Barrio San Florencio enfrentan actualmente una situación de incertidumbre por la disputa de terrenos que aseguran haber habitado, trabajado y heredado durante más de 40 y hasta 50 años. Los afectados sostienen que han sido presionados para regularizar sus predios mediante pagos que consideran excesivos y que han recibido advertencias sobre posibles afectaciones a sus derechos de posesión.
Los afectados aseguran que se ha desatado una campaña de presión y miedo para obligarlos a pagar cantidades que oscilan entre los 100 mil y 200 mil pesos por supuestas actas de posesión, bajo la amenaza de perder el patrimonio construido por generaciones enteras.
De acuerdo con los testimonios, los cobros se están realizando a razón de 700 pesos por metro cuadrado, situación que ha provocado indignación entre campesinos y familias humildes que hoy sienten que su patrimonio está siendo puesto en riesgo.
La inconformidad social se intensificó luego de diversas reuniones en las que, según los testimonios de los habitantes, no se lograron acuerdos que brinden certeza a las familias involucradas.
Pero el conflicto no termina ahí.
Durante las últimas horas también surgieron denuncias por la suspensión de trabajos relacionados con la apertura y mejoramiento de caminos que buscan fortalecer la comunicación entre comunidades de la región. Habitantes aseguran que maquinaria, trabajadores y labores fueron detenidos, afectando el avance de una obra considerada de gran importancia para cientos de familias.
Los inconformes afirman que la paralización de estos trabajos representa un golpe al desarrollo de las comunidades que durante años han solicitado mejores vías de comunicación para facilitar el traslado de personas, mercancías y servicios.
Ante esta situación, ciudadanos exigen la intervención inmediata de las autoridades agrarias, municipales, estatales y federales para esclarecer los hechos, garantizar el respeto a los derechos de las familias involucradas y evitar que continúen los conflictos que hoy mantienen en tensión a diversos sectores de la población.
Los denunciantes consideran que el desarrollo de los pueblos no debe ser rehén de intereses particulares y sostienen que cualquier diferencia debe resolverse dentro del marco legal y mediante el diálogo, sin afectar a las familias ni frenar proyectos que representan bienestar colectivo.
Mientras tanto, la exigencia de justicia, transparencia y legalidad sigue creciendo entre los habitantes de Santiago Juxtlahuaca, quienes piden que las autoridades actúen antes de que el conflicto alcance mayores dimensiones.
Hoy la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es simple pero contundente: ¿quién defenderá a las familias que aseguran estar siendo afectadas y quién garantizará que las obras destinadas al desarrollo de la región puedan continuar en beneficio de todos?
