Pobladores de San Pedro el Alto, Oaxaca, denuncian ser víctimas desplazamiento forzado y acusan que autoridades los ignoran
El asesor jurídico de los miembros de la comunidad, explicó que acudieron al Senado para denunciar que habitantes de la zona de Santo Domingo Teojomulco recorren las zonas aledañas con armas largas y que ni el gobierno local, estatal, ni la Guardia Nacional les brinda protección
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Miembros de la comunidad de San Pedro el Alto en el municipio de Zimatlán, Oaxaca, acusaron en el Senado de la República que desde el año 2013 comenzaron a tener invasiones ilegales en sus terrenos comunales, por parte de habitantes de la población de Santo Domingo Teojomulco.
En entrevista con Proceso, algunos de los miembros comentaron que, tras la invasión de sus terrenos por la comunidad colindante, al menos 200 familias han tenido que huir de la zona por ataques armados y la quema de sus hogares.
Acusaron que el gobierno de Salomón Jara ha sido omiso a sus quejas, ya que no los ha recibido para atender el conflicto y la Guardia Nacional sólo los atiende parcialmente.
Alejandro Morales, asesor jurídico de los miembros de la comunidad, explicó que acudieron al Senado para denunciar que habitantes de la zona de Santo Domingo Teojomulco recorren las zonas aledañas a su comunidad con armas largas, y que ni el gobierno local ni la Guardia Nacional les brinda protección.
Explicó que acudieron al Senado para pedirle a Congreso que legisle en la Ley de desplazamiento forzado, al gobierno federal para que les preste atención y que conmine al gobierno de Oaxaca a brindarles la seguridad mínima, además de pedirle al gobernador Salomón Jara que si no puede con la encomienda que renuncie.
Morales resaltó que Oaxaca es uno de los cinco estados del país que ha legislado en materia de desplazamiento forzado, sin embargo, no ha servido, ya que no se han realizado los apoyos establecidos en la norma y sólo les han bridado apoyos que “parecen una burla”.
“En el Estado de Oaxaca, ya existe una ley de desplazamiento forzado, nosotros presentamos la primera denuncia sobre desplazamiento forzado, la ley contempla una serie de medidas de protección, desde apoyo social, económico, laborales, el retorno para el apoyo en seguridad, pero a pesar de que es una ley nueva, es una ley muerta, es letra muerta, porque no se ejecuta. Es más, ni siquiera nos dan la seguridad mínima. Sube la patrulla un día y no vuelve a subir. Se ha pedido el apoyo de la Guardia Nacional van un día y no vuelven a subir…
“En el 2023 y 2024 nos desplazaron 200 familias, en septiembre del 2025 se aprobó la ley. Nosotros presentamos la primera denuncia y la ley contempla una serie de apoyos para las comunidades desplazadas. De septiembre del 2025 a julio 2026, como apoyo a 200 familias, quienes presentaron 21 denuncias. El apoyo consistió de 21 cobijas.
“A pesar de que ellos saben que son 200 familias, cada familia con al menos cuatro integrantes, nos dieron 21 cobijas, Es una burla. En cuanto a los apoyos sociales nos dieron 21 despensas”, denunció.
Por su parte, José Durán Vera, asesor jurídico agrario de San Pedro el Alto, afirmó que en Oaxaca hay 27 casos de desplazamiento forzado, de los cuales, sólo uno de ellos se ha resuelto parcialmente con la reforma local, ya que en la comunidad que aplicó la ley fueron desplazadas 300 familias y sólo regresaron 30 personas.
Resaltó que en su caso existen temas de fondo como el despojo que hacen algunos habitantes de Santo Domingo Teojomulco en su comunidad, ya que explicó que San Pedro el Alto es propietaria de 30 mil 47 hectáreas, pero la otra población presuntamente ha invadido el 60 por ciento de esa superficie.
“No permiten que se trabaje, han robado la maquinaria, las herramientas, la madera en rollo, han hecho un desastre para presionar a que San Pedro regale su tierra a cambio de paz. Ese es el planteamiento que ha hecho el gobierno estatal a través del secretario de Gobierno. Ya te invadieron regálales la superficie que quieren y entonces habrá paz.
“Nosotros eso no lo aceptamos ya que creernos que el gobierno estatal y federal deben garantizar la propiedad de todos los compañeros de San Pedro. Ya ganamos dos instancias de tribunales agrarios y está por definirse la tercera, todo a nuestro favor. Sin embargo, se sigue permitiendo impunemente el desarrollo de muchos delitos, el más grave el desplazamiento forzado, la quema de las viviendas de los compañeros, la destrucción de la escuela, han detenido a los compañeros, los amenazan de muerte, es decir es una acción de delincuencia organizada”, explicó.
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gibrán Ramírez, quien acompañó a los integrantes de la comunidad, responsabilizo al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, del conflicto, ya que, afirmó, su secretario de Gobierno está enterado.
El emecista resaltó que el despojo por parte de habitantes de Santo Domingo Teojomulco no es orquestado necesariamente por la comunidad, sino por los intereses que confluyen en entramados económicos ilegales
“La denuncia es directa contra el régimen político y criminal que encabeza el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, que ha implementado un sistema de despojo, no solo en las ciudades y particularmente en la capital, como se ha hecho notar en diversos medios de comunicación, sino también en el enorme territorio rural. En este caso, en el caso de San Pedro el Alto, en el municipio de Zimatlán, hablamos de algo tan grave como la invasión de 17 mil hectáreas de la comunidad, que ha derivado, por ejemplo, el desplazamiento de más de 200 familias”.
Por lo que el legislador pidió al gobierno federal que atienda el problema, porque, aseguró, Jara ya sabe del conflicto y no ha hecho nada, y evitar que se llegue a asesinatos de pobladores.
“A la secretaria de Gobernación, a Rosa Icela Rodríguez, al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que determinarán lo conducente, porque sí se trata de un problema de gobernabilidad, y no queremos que esto llegue, como han llegado otros conflictos en Oaxaca, a contarse en asesinatos múltiples, ya que la amenaza ha estado ahí permanentemente con personas fuertemente armadas”, enfatizó.
Por Revista Proceso
